REFORMA
AGRARIA 2.0: El camino inevitable de los cambios
Ing. Rómulo
Antúnez Antúnez
La Reforma Agraria 2.0, debe ser un momento disruptivo y de cambio de las relaciones sociales, políticas y de gobierno por tanto son medidas y decisiones de Estado de carácter político de Ley y de reforma estructural. Debe lograr conciliar a la mayoría del espectro político y social productivo de la sociedad.
Las medidas que se vienen anunciando desde el MIDAGRI son coyunturales y responden a aspiraciones legítimas de carácter gremialista y reinvindicativa; están alejadas de una verdadera transformación de la economía del país, que es básicamente agrícola y minero. Las medidas no aseguran, que, en este periodo de gobierno, se garantice la continuación de las mismas, en gobiernos futuros, que no estén arraigados tanto a nivel de organizaciones agrarias y decisiones políticas.
La economía del país, requiere generar una nueva dinámica de acumulación económica que permita que la renta nacional, sea adecuadamente redistribuida, en beneficio de las mayorías; que serán los sectores que activen el consumo y permitan el crecimiento de los sectores; en específico el de los productores nacionales de alimentos. No podemos propender que 2.2 millones de productores pobres generen riqueza, sino alentamos la capacidad de consumo de los otros 28 millones de ciudadanos, principalmente con una propuesta sectorializada y enarbolada por gremios que en muchos casos no representan genuinamente a los productores y que demandan de los esfuerzos del Estado, principalmente la orientación de presupuesto público para invertir en la agricultura familiar, sin entender que parte del manejo económico, es cómo generar esa riqueza que la agricultura familiar, no está en capacidad de producir en el corto plazo y de autoabastecer la demanda nacional.
En ese sentido, la propuesta de II reforma agraria que planteamos desde la Plataforma Nacional del Agro - PLANAGRO, debe tener dos objetivos bien definidos:
a.
Lograr la autosuficiencia alimentaria, impulsando a la economía familiar a manejar
la actividad agraria; donde el agua como gran factor de impulso, dinamizador y estabilización de propiedad y
productividad se convierte en el eje articulador-dinamizador de
la nueva planificación agrícola y
territorial en el nivel de las cuencas -territorios hídricos-, para su
capacidad de diversificación de cultivos altamente competitivos y buen manejo del recurso agua por
parte de los productores, con el cambio de las tecnologías, logrando
orientar su producción, mediante incentivos de una nueva visión del consumidor priorizando
producto sano y nacional dirigido a reconvertir su dieta alimentaria, que a su vez debe
reconstituirse como política de Estado, en el marco de una salud preventiva,
superando la gran deficiencia de salud curativa que tanto déficit de
infraestructura y recursos ha generado en el sector salud durante la pandemia
c19. El cambio debe desarrollarse a nivel de la oferta y demanda. No se
logra por decreto, modificar el consumo y estructura alimentaria.
b.
El crecimiento del sector (agrario), mediante
la ampliación de nuevas áreas de frontera agrícola; aprovechando el recurso agua
y generando acciones y estrategias para mejorar la disponibilidad,
generando gran capacidad para reservarla gestionando la única fuente de recarga
hídrica producto de la lluvia implementando una política agresiva de ejecución de
infraestructura verde; construyendo obras de infraestructura gris para
mejorar la conducción, almacenamiento y tecnificación
del riego que garanticen ampliación de mayores áreas incorporadas a la
producción y destinadas a ofertarlas a pequeñas o medianas unidades productivas
o a agricultores asociados, fomentando el crecimiento del empleo estable y la generación e integración de nuevos
productores con mayor eficiencia en
tecnología y oferta productiva hacia el mercado externo; aprovechando las
inmensas ventajas ecosistémicas y su ubicación geopolítica que el Perú
tiene por sus condiciones naturales, en sus tres regiones.
Sólo para referencia, se pierde solo en la
costa, casi el 50% del agua que recibimos en los meses lluviosos y tenemos más
de 2 millones de Has, en propiedad de Comunidades, asociaciones y del Estado
que pueden integrarse, mediante la organización territorial (nueva
institucionalidad productiva), en base a sus municipios distritales organizados
en mancomunidades desarrollando funciones y competencias relacionados al
desarrollo económico territorial y de desarrollo productivo y urbano rural de
sus entornos y manejadas bajo supervisión de estructuras administrativas
especializadas de nivel territorial, regional o nacional a través de mecanismos
de gestión como por ejemplo los fideicomisos.
Iniciar a repensar en una estructura de
propiedad, autogestionada y con autofinanciamiento, generará un círculo virtuoso
de desarrollo económico, social y financiero; articulando a los propietarios
resultantes de las nuevas generaciones de propietarios, asociados en
cooperativas u otras fórmulas de integración, directamente con el mercado de
consumidores en el mundo globalizado, llevando al Perú a constituirse en la
gran despensa mundial de la oferta de alimentos, tanto frescos refrigerados
como con un mayor valor agregado mediante la industrialización y sobre todo por
el desarrollo de una agricultura justa y orgánica.
Por tanto, no se trata de una simple reforma
que involucra solamente a 2.2 millones de agricultores con economía familiar
precaria, se trata de una reforma estructural que desde ahora, planifica el
crecimiento de la economía agroindustrial, el crecimiento agroexportador y la
seguridad alimentaria a favor de las próximas generaciones de peruanos.
Por otra parte, los agro exportadores, han
efectuado “su propia reforma agraria” y han promovido que los gobiernos
anteriores se conviertan en el líder de la inversión para su desarrollo. Olmos,
Chavimochic, Chinecas, Majes, Ica, Arequipa, Piura etc. Han recibido del Estado
apoyo con miles de millones de inversión en infraestructura así cómo se han despojado
de tierras con miles de hectáreas a comunidades (campesinas, indígenas),
como de Olmos, Chao, Viru, Catacaos, Querecotillo, Catacaos etc etc, para
entregarla a operadores de proyectos de inversión (Odebrecht y otros)
transfiriendo la propiedad a las grandes empresas exportadoras a costos menores
del tercio del precio que requería
la inversión generada por el Estado
y por la descapitalización de comunidades y territorios afectados.
Se trata ahora de hacer la II Reforma Agraria
pero acompañado de un proceso de descentralización en la que los recursos:
Agua, tierra e inversión del estado, sean transferido a unidades
territoriales basados en sus cuencas hidrográficas o territorios integradores,
para que se genere una propuesta autogestionaria y autofinanciada que debe ser
detallada en una Ley de Reforma Agraria, donde el gobierno, no puede seguir
disponiendo de los bienes y recursos del Estado; sino es a partir de la
integración de los sujetos económicos y políticos (distritos y provincias
fundamentalmente) que promuevan sus propios modelos o dinámicas de desarrollo.
La II Reforma Agraria, no puede dejar de lado
la reforma institucional y por lo menos debe transferir los cuadros
profesionales y la burocracia centralizada en Lima a estas unidades
territoriales (territorios económicos); articuladas y basadas en la promoción
del desarrollo de sus unidades familiares agrícolas, tratando de incorporar a
los sectores agroexportadores, a sumarse en la promoción e integración de la
producción de todos los sectores agrarios: pequeños, medianos y grandes.
Los gobiernos han mostrado, ignorar las
condiciones de cada unidad territorial y han manejado políticas de Estado,
desde una visión centralista, tal como ha sucedido durante las décadas del 70,
80 y parte del 90 momento, en la cual la izquierda tuvo la gestión agraria en
forma absoluta y las décadas del 90 a la fecha, en la cual las políticas
neoliberales, basada en el mercado, han llevado a la pobreza a Millones de
agricultores y la falta de expectativa del futuro agrario.
Huaraz, 12 de Octubre de
2021
